La lucha contra la violencia de género, tarea pendiente en los medios de comunicación
Raquel Plou Tello//
“Un asesino machista reincide y mata a su abogada, con la que mantenía una relación” (Heraldo de Aragón); “un condenado por matar a su mujer en el 2003 asesina a su abogada” (El Periódico de Aragón); “mata a su mujer, seduce a su abogada y la degüella tras sacarlo de la cárcel” (ABC).
La mañana del 19 de enero de 2019 la capital aragonesa fue la protagonista de todos los informativos televisivos, boletines radiofónicos y portadas de periódicos, tanto nacionales como autonómicos. No se trataba de un descubrimiento científico, el gordo de la lotería o un triunfo deportivo. Todos los medios se hacían eco de un nuevo caso de violencia de género. Uno más de esos que hacen que la sociedad tenga que cargar con una lacra a diario.
El asesinato machista de Rebeca Santamalia fue el primero de 2019 en Aragón. Rebeca era una abogada zaragozana de 48 años. En 2005 había defendido a José Javier Salvador en un juicio donde se le acusaba de haber matado a su mujer en 2003 en La Puebla de Híjar, Teruel. Aunque la letrada no pudo hacer nada para evitar el ingreso en prisión y la condena de 18 años que finalmente se le impuso a Salvador, luchó para que su representado obtuviera pequeños espacios de libertad. Y lo consiguió. Aunque su estancia en la cárcel habría terminado en 2021, en 2017 José Javier Salvador recibió la libertad condicional, fecha desde la que los servicios sociales se encargaban de su seguimiento y entrevistas. Sin embargo, la madrugada del 18 de enero de 2019 se encontró el cuerpo sin vida de Rebeca en la vivienda de Salvador, con evidentes signos de arma blanca. Horas más tarde, la policía alertó del suicidio de un individuo desde el viaducto de Teruel, que se correspondía con el cuerpo de José Javier Salvador.
La violencia de género en cifras
Según datos oficiales de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, 55 mujeres fueron asesinadas en 2019 a manos de sus parejas o exparejas y 10 han sido asesinadas en lo poco que llevamos de 2020; en total 1.043 desde que se empezaron a tomar datos en 2003. Los menores de edad comenzaron a contabilizarse años más tarde, en 2013. Desde entonces, 35 han sido víctimas mortales de violencia de género y 283 se han quedado huérfanos.
Aunque ahora es habitual ver enormes mareas moradas que inundan las calles con mujeres de distintas generaciones caminando al grito de “ni una menos”, “somos las nietas de las brujas que nunca pudieron quemar” o “fuera machistas de los tribunales”, este problema ha permanecido invisible durante años.
En el año 1997, el caso de Ana Orantes, una mujer de 60 años quemada a manos de su marido, tuvo una repercusión social nunca antes alcanzada. En Violencia machista y medios de comunicación, Sánchez asegura que “la aparición de esta mujer denunciando en Canal Sur Televisión que su marido, ebrio, la pegaba y la violaba constantemente, fue el aldabonazo que hizo reaccionar a la opinión pública española que despertó, después de muchos años de letargo”. Esta revelación, junto al posterior asesinato de Orantes, marcó un punto de inflexión y sirvió para empezar a concienciar a la sociedad y visibilizar este problema en toda su amplitud. Desde ese momento, las organizaciones de mujeres exigieron que la violencia de género estuviera en la agenda mediática y los medios de comunicación empezaron a dar más relevancia a los datos y estadísticas para explicar la magnitud real de este tipo de violencia.
Los medios y la violencia machista
Tal y como establecía Shaw en Agenda-Setting and Mass Communication Theory, los medios de comunicación juegan un importante papel en la formación de la opinión pública y, por lo tanto, las informaciones que muestren influirán en la conciencia social colectiva, especialmente si se trata de uno de los problemas más graves de la sociedad actual, la violencia de género. De la misma manera, McCombs argumentaba que “los editores y directores informativos, con su selección día a día y su despliegue de informaciones, dirigen nuestra atención e influyen en nuestra percepción de cuáles son los temas más importantes del día”. Es decir, la longitud de las noticias relacionadas con la violencia de género, la ubicación de dichas noticias en un informativo o incluso el titular de las mismas influirá en la relevancia que la ciudadanía dé a este tipo de violencia y, en consecuencia, en las movilizaciones sociales que lleve a cabo para luchar contra esta lacra. La labor de los medios no consiste solo en concienciar, sino también en crear un espacio de reflexión en el que se denuncien y condenen este tipo de actos.
A partir del año 2000 se empezaron a realizar foros y debates donde algunos profesionales de la comunicación analizaban las noticias de violencia de género y ponían en común propuestas de mejora. Fue entonces cuando comenzaron a vislumbrar la gran cantidad de errores que se cometían, especialmente aquellos ligados al sensacionalismo, la justificación de la agresión o la representación de la víctima como un ser pasivo. Así, llegaron a la conclusión de que los manuales de estilo de los medios de comunicación todavía no recogían pautas sobre cómo tratar las noticias de violencia machista.
El Instituto Oficial de RTVE, en 2002, fue el primero que vio la necesidad de establecer una guía de recomendaciones para los profesionales de la comunicación y se lanzó a su elaboración. Desde entonces, los institutos de la mujer, asociaciones de periodistas y organismos de las distintas comunidades autónomas pusieron el foco de atención en esta problemática y poco a poco se fueron creando más decálogos de recomendaciones para informar sobre violencia machista. Destacan los del diario Público, el Centro Reina Sofía, Oxfam Intermón junto a La Marea o el del periodista y profesor universitario, José María Calleja. Además de estos cinco, elaborados a nivel nacional y con una gran repercusión hasta el momento, de las 17 comunidades y dos ciudades autónomas españolas, 13 cuentan también con un protocolo dedicado a los medios de comunicación. En la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Navarra, Islas Baleares, Ceuta y Melilla no existe un decálogo propio, pero recomiendan los de otras comunidades o instituciones.
Estas guías comparten algunas características. Por ejemplo, recomiendan utilizar el término violencia de género, violencia machista o asesinato machista, pero rechazan hablar de violencia doméstica, violencia de pareja, violencia familiar o crimen pasional, como sucedía años atrás. Otro de los puntos fuertes sobre los que se sustentan estas recomendaciones es en tratar de evitar el sensacionalismo. Es fundamental no introducir morbo ni en las palabras ni en las imágenes utilizadas y tampoco contar con testimonios de vecinos o allegados –ni de la víctima ni del agresor– que suelen estar vacíos de contenido.
En cuanto a la representación que se hace de la víctima, estos protocolos dedicados a los profesionales de la comunicación ponen de manifiesto huir de cualquier tipo de estereotipo que haga referencia a la cultura, creencias o nacionalidad de la víctima, así como no mostrar su imagen. También se tienen en cuenta aspectos relacionados con la representación que se hace del agresor, donde resulta imprescindible mantener siempre la presunción de inocencia hasta que no exista una sentencia firme o confirmación de la culpabilidad por parte de las fuentes policiales y judiciales; no justificar la agresión o crimen bajo ningún concepto; huir de estereotipos en referencia al agresor e identificarlo siempre.
Además, abogan por no infravalorar la noticia y tratarla como un suceso o caso aislado, sino como un problema grave que afecta a toda la sociedad; contextualizar la noticia presentando los antecedentes del presunto asesino –si los había–, haciendo un seguimiento judicial, aportando datos y elementos que permitan entender el problema. En estos protocolos destacan también la importancia de dar visibilidad a los actos de repulsa que se llevan a cabo en toda la geografía española, dar a conocer recursos públicos, centros de acogida, y contar con enfoques positivos, historias de superación que puedan ayudar a otras mujeres que estén pasando por esa situación, así como nombrar siempre el número gratuito de atención a las víctimas en las diferentes informaciones, el 016.
En ocasiones, estas recomendaciones no aparecen como protocolos al uso, sino que se encuentran como capítulos en informes o documentos donde se incluyen otros aspectos relacionados con la igualdad o la violencia de género en otros ámbitos. Además, no son de obligado cumplimiento, sino que cada medio de comunicación puede decidir si quiere adherirse o no.
Informaciones plagadas de sensacionalismo
En el caso concreto de Rebeca Santamalia, los medios de comunicación sacaron a la luz la relación sentimental que existía entre la víctima y su presunto agresor –pese a que esta tenía marido–, a través de un testimonio de la delegada del Gobierno de Aragón. Sin tapujos, sin respetar el derecho al honor o a la intimidad de la víctima. Lo hicieron para justificar que se trataba de un caso de violencia de género, ya que la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada en el año 2004, tras el impulso inicial de un nuevo gobierno del PSOE, defiende en su artículo 1.1 que ha tenido que existir una relación sentimental previa entre el agresor y la víctima para que este tipo de violencia se pueda considerar “de género”: “Violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”.
Así, aunque la legislación, los medios de comunicación y las diferentes instituciones estén de acuerdo en utilizar el término violencia de género, Martínez explica en El tratamiento informativo de la violencia contra la mujer a la luz de los códigos deontológicos que “la forma de entender el género no es unánimemente aceptada –ni siquiera hay acuerdo entre los propios grupos feministas– ni se refiere a toda la realidad que queremos analizar”, puesto que en la Ley Orgánica 1/2004 no se contemplan todas las situaciones de violencia contra la mujer, ya que solo hace referencia a la violencia derivada de situaciones de convivencia más o menos estables, y no a las agresiones a mujeres producidas por el mero hecho de serlo (violaciones, acoso sexual, acoso laboral, etc.).
Algunos medios de comunicación incluyeron un sinfín de expresiones morbosas, donde se aseguraba que la víctima “no pudo defenderse de su agresor, quien ejerció gran brutalidad en la agresión”, “recibió varios golpes en la cabeza, además de la puñalada en el cuello” o se explicaba la manera en la que el presunto asesino “se ensañó con un cuchillo” y dejó el cadáver “en medio de un charco de sangre”. También se detallaba el primer asesinato que cometió Salvador, en 2003, cuando acabó con la vida de su mujer, con expresiones como “la mató de 11 disparos con un rifle de caza del calibre 22” o “dos de esos disparos impactaron en la frente de la víctima a muy corta distancia”. Y se trataba de justificar la agresión asegurando que estaba pasando por un “arrebato de celos”, que era “manipulador, primitivo y agresivo, con un perfil criminal” o que Salvador todavía no estaba preparado para obtener la libertad condicional ya que “salió de la cárcel con informes en contra”. Los asesinatos machistas no son un arrebato de locura, ni de celos, no son casuales, ni justificables, sino que representan la punta del iceberg de una situación de maltrato.
“Era preciosa, encantadora, me dejáis helada”, añadía una de las vecinas de la víctima al enterarse de que había habido un asesinato machista en su mismo edificio, cuando el hecho de ser asesinada en ningún caso está ligado con su belleza o su personalidad.
Los periodistas tampoco tuvieron en cuenta los protocolos de recomendaciones a la hora de mostrar la imagen de la víctima, y aportar datos detallados sobre su vida. La mayoría de las guías de recomendaciones coinciden con el principio 5 del Código Deontológico de la FAPE, donde se defiende la idea de no nombrar a las víctimas, ni incluir material que pueda contribuir a su identificación, para evitar agravar el sufrimiento de todos los familiares o allegados y vulnerar su derecho a la imagen. La representación que se dio de la víctima invita a reflexionar sobre hasta qué punto el derecho de la sociedad a estar informado puede prevalecer sobre el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.
La contextualización y los actos de repulsa son dos platos fuertes en el tratamiento informativo de la violencia machista. En el caso de Santamalia, todos los medios se hicieron eco de las concentraciones que se llevaron a cabo en la Plaza de España, en la sede del Colegio de Abogados en Zaragoza y también en otras instituciones como el Ayuntamiento, las Cortes de Aragón o la sede del Gobierno de Aragón. Sin embargo, todavía se habla de “terribles” o “trágicos sucesos”, en lugar de referirse a la violencia de género como una “lacra social” o “un horror diario”.
Necesidad de una guía de recomendaciones única
El sensacionalismo que tanto preocupaba a los profesionales de la comunicación en los años 90 sigue apareciendo en las informaciones actuales. De nada sirve suscribirse a uno de estos protocolos y a la hora de la verdad mirar para otro lado. Los medios de comunicación deben tener un compromiso en el cumplimiento de las guías, que, a la vista de las informaciones analizadas, distan mucho de ser consultadas. La inexistencia de un protocolo a nivel estatal conlleva que los medios de comunicación de una determinada comunidad autónoma solo se adhieran al suyo, o ni se interesen por las recomendaciones que proponen otras comunidades e instituciones y que también podrían resultar útiles. Existe la necesidad de crear un único código deontológico en materia de violencia de género, al que pudieran suscribirse tanto los medios nacionales como los locales.
Además, de la misma manera que hay expertos en economía, política o relaciones internacionales, se debería hacer una apuesta firme por la figura del periodista experto en violencia de género en las redacciones y realizar cursos de formación en las diferentes facultades de comunicación.
El asesinato machista de Rebeca es solo un pequeño reflejo de la situación actual, en la que algunos medios de comunicación ya se han hecho eco de que la violencia machista constituye un atentado contra el derecho a la vida, la dignidad y la integridad física y psíquica de quienes la sufren y el tratamiento de estas informaciones ha evolucionado, introduciendo cambios significativos a lo largo del tiempo. Sin embargo, todavía es necesario seguir estudiando casos para detectar los errores y saber evitarlos en posteriores coberturas informativas porque, al final, todo lo que aparezca en los medios influirá en la opinión pública y, por lo tanto, deben ser los medios de comunicación los que tengan un compromiso con la sociedad para que todos juntos podamos luchar contra esta lacra social.
Al final es la unión la que hace la fuerza.
8 y 9 de febrero. Fin de semana negro. Dos nuevos crímenes machistas en menos de 24 horas. Uno en Lugo y otro en Granada. Y el número de asesinadas a manos de sus parejas o exparejas asciende a 10 en solo mes y medio. Los medios de comunicación recogen algunos de estos titulares:
“Clara, la lucense que murió acuchillada por su pareja sin que sus perros pudiesen evitarlo” (El Español), “El asesino abrió la puerta del piso al padre de Ana tras matarla” (Ideal), “Un cuchillo, probable arma en el asesinato machista de Lugo” (El correo gallego).
Todavía queda mucho camino por recorrer.
