Secularizar las interacciones: un requisito para la laicidad en la función pública
Verónica Ethel Rocha Martínez//
El acontecimiento histórico más valioso para poder comprender las complejas interdicciones sociales en México en el siglo XXI es la “Guerra Cristera”, referente necesario para esclarecer “pactos” y “mandatos” capaces de escindir el derecho a una vida digna para quienes no profesan alguna religión.
Los eventos articulados y gestados en el contexto de este movimiento armado muestran un contexto de intolerancia y persecución en zonas geográficas donde las creencias religiosas asumieron una importancia mayúscula y, por tanto, se sumaron a una forma de vida que aún mantiene costumbres y roles muy acotados entre hombres y mujeres; cabe agregar que mantener esta cultura se cataloga como “tener buenas costumbres” y, desde tal postura, se juzga y se somete a aquellos que no corresponden con esas formas de pensar.
Se habla de una secularización de las interacciones en la vida cotidiana y en el ciberespacio como requisito ineludible para la convivencia entre personas y para la sana gobernanza de las naciones; se entiende por secularización un proceso a partir del cual se separa lo religioso del entramado social y se garantiza una vida civil no determinada por las creencias particulares.
En ese sentido, la prosperidad de las organizaciones sean estas privadas o públicas se ve afectada por el arraigo a ideologías fanáticas que esquivan la realidad de sociedades plurales, multiculturales y diversas.
El fanatismo se promueve de manera implícita en múltiples escenarios de la vida cotidiana y desde la militancia de organizaciones civiles con vínculos religiosos constituye mandatos de transgresión y sabotaje dirigidos a quienes por discriminación ideológica deben ser “castigados”.
El contexto de la Cristiada
La Guerra Cristera surgió como un conflicto desbordado entre la Iglesia Católica y el Estado, derivado de la promulgación en 1926 de la Ley sobre delitos y faltas en materia de culto religioso y disciplina externa en el período presidencial de Plutarco Elías Calles, tal norma provocó en poco tiempo una reacción que dividió a la sociedad mexicana. Para Eugenia Revueltas, se trató de uno de los momentos más sangrientos de México. En él murieron un millón trescientas mil personas entre mujeres, hombres y niños campesinos, jóvenes religiosos y familias de clase media de las provincias del país, además de maestros, brigadistas y militares de clase media y baja.
No solo fue un enfrentamiento de ideas, de facciones o posturas intolerantes entre sí; en este conflicto se aprecian, como bien señala Revueltas (2021), un collage de actitudes como la incomprensión, el prejuicio social y la ignorancia que en conjunto resultaron en un desenlace funesto.
Las disposiciones de esta ley limitaban el ejercicio del sacerdocio a personas nacidas en el territorio mexicano bajo pena de multa, cárcel o expulsión, el cierre de establecimientos dedicados a la enseñanza en manos de órdenes religiosas y circunscribir todas las actividades sacerdotales a las Iglesias, es decir, los sacerdotes no podían intervenir en la vida pública (Carmona, 2023). La reacción de los ministros fue cerrar las Iglesias en el período de julio a diciembre de 1926, hecho que desató el enojo de los feligreses y la defensa de lo que consideraron era un ataque a la libertad de culto.
En consecuencia, hacia 1930 desde las filas de los feligreses católicos más cercanos a los jerarcas eclesiásticos se crearon organizaciones civiles, una de ellas surgió en Guadalajara y fue conocida como “Los Tecos”, posteriormente con el apoyo del arzobispo de Puebla Octaviano Márquez y Toriz se convirtió en “El Yunque” (Patiño, 2021).
De acuerdo con Ricardo Pérez Monfort (Patiño, 2021) a El Yunque pertenecían las juventudes universitarias católicas, terratenientes y empresarios, por tanto, no es de extrañar la existencia de estos vínculos en el siglo XXI sumando esfuerzos a fin de minar todo aquello que consideran anticristiano, como las ideas comunistas, judías o masónicas (En Patiño, Jiménez, 2021).
Secularizar las interacciones para garantizar la laicidad de las organizaciones
Para cualquier persona en el siglo XXI, la existencia de posturas radicales que se oponen a cuestiones aceptadas por la mayor parte de sociedades democráticas como “el matrimonio entre personas del mismo sexo”, “la despenalización del aborto” -ambos pertenecen al ejercicio de derechos sexuales y reproductivos o el goce de derechos civiles y políticos, e incluso el derecho a la libertad de expresión- supondrían un tema de profunda reflexión.
Más aún si existieran grupos capaces de articular las acciones más atroces para literalmente escindir los derechos de cualquier persona que no corresponda con sus ideales, creencias y posturas; que sucedería si este tipo de actos implicarán una recompensa para quien los realice, si además se articularan en la vía pública como actos para enseñar obediencia, sería una forma de ejercer una “pedagogía de la crueldad” retomando el término de Rita Segato (2018).
A partir de aproximarnos a este tipo de sucesos en las interacciones entre personas, es posible enunciar la necesidad de secularizar los actos, incluso aquellos que ocurren en el ciberespacio y con ello nos referimos a quitar el sesgo religioso a cada actividad y actitud, distinguir la importancia de conceptos básicos e indispensables como la equidad, la igualdad y el marco de derechos requeridos para gozar de ciudadanía.
Se trata de acotar el enorme poder adquirido por grupos militantes religiosos con capacidad para difundir “discursos de odio” a partir de redes sociales y articular acciones concertadas de sabotaje a personas e instituciones a grados insospechados por el común de los ciudadanos. Se necesita un marco de respeto y comprensión entre personas para construir procesos de secularización que deriven en el ejercicio de la función pública desde los parámetros de la laicidad.
Solo así, la función de los Estados será real y no un acto simulado; por supuesto implica una ardua labor de concientización acerca de la importancia e implicaciones de la laicidad como principio en el que todo Estado se funda ya que no solo se trata de garantizar la libertad de conciencia sino el ejercicio pleno de los derechos humanos a cualquier ciudadano. De no considerar este parámetro, incluso los procesos electorales se verían sesgados y la vida ciudadana afectada por ideologías capaces de alterar la función pública proporcionando un trato discriminatorio a quienes no detentan las mismas creencias.
Las redes sociales articulan y promueven una vida en red, factor que estos grupos han sabido capitalizar en asociación con empresarios, en ese sentido, la pérdida de la privacidad, la vigilancia y exhibición se convierten en actividades impunes y lucrativas.
El resultado en las organizaciones públicas y privadas de la pugna por el poder en el entramado social es la pérdida de libertades y derechos; en consecuencia, se vive el desmoronamiento de las instituciones laicas a partir de la apropiación que este tipo de grupos realizan en ellas usando como medio una pedagogía de la crueldad (Segato, 2018), término utilizado por Rita Segato para exponer como se aprende y se enseña en la sociedad a cosificar a las personas y a someterlas a actos de crueldad extrema como lo es la esclavitud sexual misma que se reproduce en diferentes escenarios de una sociedad global.
En la vida cotidiana, esto se traduce en el sabotaje al trabajo de las personas, partidos y facciones, en actos de humillación, vigilancia y sometimiento. Podemos equiparar estos sucesos al de una cacería inquisitorial, se enseña y se promueve incluso en las escuelas a violentar la vida privada, a cosificar a las personas y agredirlas en el espacio público, lo que constituyen actos de extrema crueldad que no deberían quedar impunes.
La ruta para construir Estados laicos es secularizar las interacciones en la sociedad. Favorecer capacidades para distinguir la diversidad, la multiculturalidad, lo local y lo global como factores presentes en las sociedades globales, aproximar a las ciudadanías a conceptos como el respeto, las libertades, las obligaciones y los derechos requeridos para vivir sin hostigamiento, exhibición, daño moral o criminalización por motivos políticos.
Sin tolerancia y respeto no habrá futuro para las organizaciones, pues estas se forjan a partir del trabajo honesto de personas cuando los horizontes de igualdad permiten un trato digno y, por tanto, no buscan la humillación pública de sus subalternos o pares, no fingen relaciones laborales a cambio de compravendas de esclavitud que exhiben el sometimiento y la humillación de otro ser humano.
Las instituciones públicas, no deberían ser objetos secuestrados por partidos o facciones en pugna, ni escaparate de empresas con intereses ocultos. Ante todo, son crisol de valores y no simulación del discurso machista que forja carácter a partir de golpes, es en ese sentido que una Nación es la suma y reflejo de sus ciudadanos, pero también de sus ciudadanas, amas de casa, profesionistas, estudiantes, vendedoras, artesanas y campesinas y sus aspiraciones para un futuro mejor valen lo mismo que las aspiraciones de quien es dueño de una empresa.
En ese sentido, ser mujer es también pugnar por ejercer derechos sexuales y reproductivos, por vivir en un país en donde el acoso, el hostigamiento y el feminicidio en todas sus manifestaciones, incluido el político, no sean actos que se soslayan, producto de pactos y mandatos.
Si quieres leer más de esta autora te dejamos su último artículo: «El hostigamiento civil un espectáculo de impunidad».
