La criminalización de personas: origen del discurso de odio

Verónica Ethel Rocha Martínez//

Resulta una situación inimaginable que un ciudadano común, ajeno a las lides de la política, se encuentre entre sus redes y, debido a lo que piensa y expresa desde los parámetros de su vida cotidiana, se convierta en el foco de la intriga mediática y sea víctima de la criminalización como medio para articular y sostener un discurso de odio que, por otro lado, se articula de manera cotidiana en su vida a partir del ultraje a su integridad y a sus derechos.

Esta situación es una constante en México. Se trata de una forma de doblegar a las mujeres que denuncian un delito. A partir de ese momento, se les acusará de actos que jamás cometieron y, sin ser culpables de ningún delito, les son imputados, además de vicios, defectos, actos infames, conductas antisociales y cualquier cantidad de horrores que justifiquen, el escarnio, el sometimiento y la brutalidad de una opinión pública manipulada y a la que se invita a tomar parte. De este modo, incluso una terapeuta que pregunta con dolor aspectos de la vida personal de una persona sabiendo que lo que diga se hará público, es parte de esta red de transgresión; y aun cuando pida permiso al paciente para realizar un procedimiento, si sabe que este generará daño a su privacidad, está abusando de la confianza médico paciente.

De la imagen creada como persona indeseable se pasa a la justificación de todo tipo de actos acordados por quien articula el discurso de odio para socavar y vulnerar la integridad de la víctima. Estos actos constantes y concertados abarcan cada esfera en la vida de la persona, se manifiestan en maltrato, humillación, agresión velada y encubierta, pérdida de la privacidad, exhibición de la vida cotidiana y mental, de ahí la importancia de legislar derechos neurales.

Cuando así se considera, el mensaje se articula de manera masiva por diferentes medios de comunicación, pero incluso se hace evidente en ciertas declaraciones de funcionarios y personajes públicos.

¿Cómo se puede sobrevivir este tipo de ataque que derriba todas las interacciones y carcome cada acto? Este sin duda es otro nivel en la criminalización de personas por motivos políticos, porque a diferencia de las venganzas políticas, las víctimas son ciudadanos comunes, indefensos, sin medios fácticos y económicos para articular una defensa y, por este motivo, puede considerarse al mismo tiempo un acto de tortura psicológica y física, puesto que compromete la integridad y salud de quien vive este sometimiento.

Pero es importante advertir que quienes agreden también son ciudadanos. Estos están vinculados a distintas fuerzas fácticas y ejecutan la orden desde diferentes niveles y es así como participan miembros de la burocracia de turno, caricaturistas, locutores, conductores, militantes de grupos de ultraderecha desde las trincheras de grupos católicos civiles, células feministas movilizadas por grupos empresariales, empresas de publicidad o miembros del sistema de salud, para quienes acabar con la vida de una persona sin que parezca un homicidio les lleva a urdir conspiraciones infames que vulneren la salud de quien desean fenezca.

En México, escribir es un acto censurado y se paga con la transgresión de la privacidad y de la vida neural. Quien denuncia públicamente estos actos y quienes son considerados activistas serán sometidos a la criminalización con miras a desacreditar en formas inverosímiles su posicionamiento, valía moral y social.

Sin embargo, cabe señalar que este ha sido por mucho tiempo un recurso del poder para sostener su credibilidad. Recordemos los diferentes titulares ante la masacre cometida el 2 de octubre de 1968, los innumerables discursos utilizados para desacreditar y desarticular el movimiento estudiantil y posteriormente cualquier denuncia social.

A partir del afán por posicionar a cualquier partido en la cúpula del poder, este recurso ha sido parte de las venganzas políticas en el siglo XXI. Particularmente resulta evidente en los juicios de Elba Esther Gordillo. lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Emilio Lozoya Austin, Rosario Robles y, desde el plano personal de las venganzas, el caso de Alejandra Cuevas Morán y Laura Morán, madre e hija.

Todos estos casos forman parte del andamiaje del poder. La diferencia radical es que los actores políticos cuentan con recursos suficientes para pagar abogados y movilizar a la opinión pública a favor de sus causas y tienen acceso a los medios de comunicación masiva para sostener su defensa y de una u otra forma exponen y comunican su situación. 

En contraste, las personas comunes, las mujeres en busca de justicia y sin recursos pero que han denunciado un delito ante el Ministerio Público, vuelven a sus hogares convirtiéndose en víctimas de un sistema que no permite que sus voces sean escuchadas. Ni aún interponiendo una queja ante la Comisión de Derechos Humanos podrán romper el cerco político que impera en la Administración de Justicia.

Acallar la voz, silenciar, perseguir a quien logra articular por medio de la escritura una denuncia real es la respuesta de quienes monopolizan la justicia a su antojo. 

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