Hablemos de ciberacoso

Verónica Ethel Rocha Martínez //

¿Por qué un sujeto, los miembros de una organización e incluso de una sociedad tendrían interés en agredir a un solo individuo? ¿Qué motivos podrían desencadenar esta furia? Pues, sin duda, a muchos de ellos los conoceré por primera vez.

¿Qué sentido tiene espiar la vida privada de una mujer y exhibir de manera dolosa aspectos naturales a su existencia? Algunos aspectos como sus necesidades fisiológicas más simples o aquellas derivadas de su placentera vida, como si estos actos al hacerse públicos se convirtieran en atrocidades y no lo que son, actos naturales a la existencia de cualquier persona ¿Quién podría realizar tal inmolación haciendo públicos estos aspectos, añadiendo que quien es exhibido es autor de su propia inmolación?

Estamos hablando del uso de tecnologías para transgredir la privacidad de cualquier ciudadano y, por añadidura, el emplear esta información como recurso para venganzas sociales. En lo que a mí respecta, el hostigamiento público se inició después de haber denunciado penalmente a personal de una institución gubernamental por delitos que hoy se catalogan como ciberacoso.

Se trata entonces, de cuestiones legales, de la pérdida y retribución de derechos humanos, de posibilidades para que mujeres agraviadas por hombres y mujeres aferrados a puestos burocráticos con culturas laborales complacientes, que les permiten transgredir no solo sus responsabilidades, sino el espacio de respeto entre las personas, se mire y se sancione.

La postura misógina posiciona a las mujeres víctimas de ciberacoso como culpables, deben sufrir por el agravio de no acceder a una relación con miembros de las organizaciones en las que laboran. Los sujetos agraviados son capaces de pagar a otros por transgredir, humillar, mentir, culpar, destrozar la valía de una fémina; expiación que suponen, debe pagar por haberse burlado de ellos.

A partir de estos escenarios, lamentablemente comunes, en los que personas excepcionales  son sometidas a múltiples escarnios por parte de compañer@s de trabajo a partir de discursos de odio y expresiones discriminatorias, podemos apreciar un tipo de violencia mediática capaz de transformar la vida de una persona en un objeto de lucro para empresas expertas en comunicación, pues estos espacios de transgresión derivan en un beneficio económico.

Es importante visualizar quiénes son las víctimas de ciberacoso. Son mujeres. Las empresas inmersas en este tipo de prácticas, por otro lado, utilizan la “locución en contra” que a decir  de Gordon Allpor (1954), se muestra en el uso de apodos, estereotipos y epítetos o expresiones amenazantes de odio y de violencia.

Debe quedar claro: dichas expresiones son discriminatorias y paulatinamente se tornan en fuentes de violencia, generan daño por el simple hecho de expresarse, por tanto, no se trata tan solo de palabras, son prácticas de segregación cultural de acuerdo a lo expuesto por Pérez (2015). Son, además, formas de generar subordinación y modos que han resultado efectivos y eficientes a los intereses burocráticos y estatales, dada la omisión de las instancias procuradoras de justicia y aquellas encargadas de trabajar por los derechos humanos a favor de las víctimas.

¿Qué espera una víctima de este tipo de flagelaciones cuando denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos un acto así? Mínimamente una respuesta, acciones afirmativas que deriven en cambios en las organizaciones, nunca silencio. Este acto por sí solo también es un acto de violencia y discriminatorio.

Aunado a ello, este tipo de mensajes generan la pérdida de oportunidades laborales, NO “son solo palabras”, aun cuando pasen por bromas, muestran estereotipos como “El Godinez” o “Betty la fea”, sean expuestos en chistes o se tomen a relajo, no por eso deben dejar de cuestionarse, ni mucho menos justificar su uso lucrativo en foros públicos pues, se convierten en promotores del sadismo impune que soslaya el daño causado, en tanto se discrimina a las personas.

En México existen varias leyes en materia de discriminación, estas deberían servir para algo y no solo ser letra muerta si su aplicación no puede ser enunciada en una recomendación a una cadena televisiva, a una estación de radio, a una institución gubernamental o a un actor político.

En 2003 se emitió la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en México. Cabe aclarar que la discriminación de acuerdo al Artículo 9º, Fracción XV de este documento, implica promover el odio y la violencia a través de mensajes e imágenes en los medios de comunicación e incitar al odio, la violencia, el rechazo, la burla, la injuria, la persecución o la exclusión según se expone en la Fracción XXVII (Citado en Pérez, 2015). También en el Código penal del Distrito Federal de 1999 se establecen los delitos contra la dignidad de las personas.

¿Qué más tiene que suceder para que la violencia contra las mujeres víctimas de ciberacoso cese? ¿Qué podemos esperar si los espacios laborales se convierten en facciones capaces de transgredir todos los derechos de las personas tan solo por formar parte de un espectáculo que tristemente anuncia el sadismo social como una práctica posible, impune y permitida por las cúpulas en el poder?

Se hace necesaria una labor de reconocimiento al interior de las organizaciones capaz de trabajar de manera congruente este tipo de transgresiones y retribuir la dignidad perdida a quienes han sido abandonadas por la justicia a su suerte.