Nuestros derechos neurales
Verónica Ethel Rocha Martínez//
Carta al Secretario de las Naciones Unidas C. Antonio Guterres
El siglo XXI se caracteriza por el desarrollo tecnológico, la constante innovación en todos los campos del saber, el desarrollo de productos y el impresionante avance en investigaciones enfocadas en generar productos con inteligencia artificial. La exploración del funcionamiento cerebral ha sido prioritaria, particularmente para las naciones más desarrolladas, cuyo interés es generar Inteligencia Artificial (IA). Es así como se generó hace ya diez años el proyecto de colaboración científica “Iniciativa Brain” (Investigación del Cerebro a través del Avance de Neurotecnologías Innovadoras), auspiciado por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica con la intención de generar mapas mentales del cerebro en acción.
Sin embargo, es importante advertir la validez de los protocolos de bioética en estas investigaciones ante la existencia de interpretaciones de los procesos neurales que se realizan en sujetos sin su consentimiento y que, por tanto, representan en el contexto mexicano un grave riesgo. La información obtenida bajo violencia vicaria y expuesta al público vulnera los derechos de las personas y genera la paulatina pérdida de condiciones estables, afectando sensiblemente el bienestar de quien padece este acto de sometimiento. El uso de la información cerebral se vende a empresas, partidos políticos y particulares con objetivos muy diversos. No obstante, el resultado es abatir la valía de quien vive esta tortura.
Consideremos las consecuencias de exhibir los pensamientos de una persona suplantando su identidad en redes sociales. Toda interpretación de los datos neurales y sus aplicaciones debe ser penalizado, pues constituye un acto que vulnera la vida de las personas y que se puede catalogar como tortura cuando se suma el hostigamiento colectivo y su uso político genera discursos de odio.
En este momento crucial para la humanidad, este tipo de acto no está tipificado como un delito. Sin embargo, ya está cobrando víctimas en regiones donde la corrupción erradica toda posibilidad de acreditar la suplantación de identidad, el ciberacoso, el daño moral y el hostigamiento.
El uso de neurotecnologías capaces de obtener información cerebral debe considerarse desde parámetros legales y sus consecuencias en la vida de las sociedades globales, es decir, debe constituir un artículo en todas las Cartas Magnas a nivel internacional, ya que representa un riesgo de control masivo para las personas en manos de instancias estatales, partidos políticos o empresas e implica una pérdida de derechos para los ciudadanos del mundo. Por ello, se requiere de manera urgente emitir derechos neurales que protejan a las personas de transgresiones a su vida neural y a su vida privada haciendo públicos datos íntimos. Esta es, de hecho, una petición para los dirigentes de las Naciones Unidas.
El sesgo de género ante estas investigaciones implica el ultraje del contenido neural y la gravedad de la participación de hombres, quienes han generado interpretaciones desde posturas misóginas y actos feminicidas. En ellos, la venganza de médicos se dirige a mujeres por actos tan banales como no corresponder a sus deseos, solicitar que realicen su trabajo, corregir sus escritos, sustentar una postura diferente o simplemente por dejarlos.
Las mujeres, jóvenes y hombres víctimas de transgresión neural en México se insertan en un contexto político de gran tensión y son víctimas sin siquiera saber que lo son, sin haber cometido un delito, sin haber sido juzgados por una corte. A partir de caer en manos de quienes tienen el poder y los medios para transgredir sus vidas, se encuentran en una situación inédita a partir de la cual se tratará de desacreditar su valía.
Desde 2013 hasta este momento, el conocimiento asociado al funcionamiento del cerebro se ha hecho exponencial y han surgido nuevas disciplinas experimentales llamadas “neurociencias”. El objetivo de estas es aplicar el saber neural a grados insospechados por los ciudadanos del mundo, cada vez más interconectado y vinculado a un mismo destino.
Uno de los ponentes del foro TedX, un reconocido neurocientífico, expuso en 2016 ante una audiencia atónita que ya era posible estimular emociones agradables en roedores. Sin duda ese avance científico podrá evitar el uso de fármacos adictivos con efectos secundarios dañinos a la salud en pacientes con enfermedades psiquiátricas. Sin embargo, ante este escenario debemos preguntarnos si ese conocimiento puede tener implicaciones en el ejercicio de los derechos humanos de los ciudadanos.
Desde esta perspectiva se requiere delimitar el marco legal para este tipo de experimentos y sus aplicaciones en el ámbito humano. Es, por tanto, un momento coyuntural en materia de derechos humanos que nos insta a conjuntar esfuerzos a favor de la humanidad y no de las empresas, a fin de delimitar las dimensiones éticas de tales avances científicos ,y así, garantizar a todo ser humano la protección neural y el pleno ejercicio de todos sus derechos.
Los “derechos neurales” existen desde el momento en que los avances científicos y tecnológicos pueden y están cambiando las relaciones humanas en un mundo interconectado. Su protección y pleno reconocimiento debe ser prioridad para las naciones del planeta e implica considerar que su vulnerabilidad pone en riesgo a las personas y es, al mismo tiempo, el escenario de nuevos tipos de tortura inéditos, pero desafortunadamente ya existentes.
Se trata de garantizar la privacidad de todos los procesos cognitivos, incluidos los relatos de la mente, sueños, pensamientos, disertaciones y diálogos internos. Esta protección debe ser amplia y, en ese sentido, evitar la intrusión de las empresas y los gobiernos a partir del uso de cualquier avance tecnológico que pueda transgredir dichas funciones. Podemos entender que la seguridad neural de las personas implica sancionar la exhibición de los procesos neurales sin el consentimiento explícito de quien los articula y los mecanismos jurídicos para restituir el daño moral, social, económico, psicológico y de salud a quien es víctima de una transgresión así.
Estamos ante un contexto nuevo e interconectado, pero con problemáticas sociales y políticas que aparentemente la humanidad había superado. En ese sentido, podemos ubicar neofascismos cuando se vulnera la privacidad de las personas a partir del ejercicio de poder ideológico vertido en discursos de odio que emiten organizaciones políticas, estados, corporaciones religiosas, personas con creencias fanáticas, empresas multinacionales o cualquier otra entidad que posicione una estructura social sectaria. Esos mensajes se difunden en redes sociales y medios de comunicación masiva y generan una violencia vicaria que hostiga, denigra, viola y usurpa la información mental de quien vive este agravio.
La importancia del contenido de nuestra mente es fundamental para existir. Un ciberataque neural es posible en este momento de la historia de la humanidad y compete a los habitantes de una sociedad global exigir que los organismos internacionales -como la ONU y las empresas multinacionales- dedicados a la conexión de redes de personas como Twitter, Facebook, WhatsApp o Tik Tok con capacidad para generar tendencias adviertan el riesgo que corren las personas cuando estos medios son usados para articular venganzas sociales, pues generan un daño psicológico y económico a quien es vulnerado en sus derechos. Quienes utilizan estos medios para difundir mensajes de odio y articular venganzas se posicionan también como entidades por encima de la ley y de las naciones puesto que su influencia sobrepasa los límites geográficos.
Tales articulaciones implican el castigo y martirio de quien es víctima del discurso de odio emitido a partir de estos medios. Los daños que una persona sujeta a vigilancia y escarnio social vive minan su salud y su economía al ser causa de una condición laboral inestable y estar sometido a un hostigamiento civil perpetuo. Sebe quedar claro que nada de lo que diga o haga una persona es justificación para la violencia mediática, física, psicológica o vicaria articulada para dañar su integridad.
Cuando quienes buscan desacreditar a un ciudadano trabajan para el Estado, pulverizan el valor de todo ser humano, reduciéndolo a un objeto en un escaparate que puede ser consumido por cualquier persona, empresa o agente influenciador virtual de la sociedad.
Este hecho por sí solo debería alertar del daño social irreversible al participar en este tipo de delito. Se trata de una violencia feminicida cuando quien es exhibido es mujer y ni siquiera la privacidad para realizar sus necesidades más íntimas pasa desapercibida, pero hablamos entonces de sociedades que se complacen en generar dolor, de hombres pervertidos capaces de cualquier acto inhumano que les reditúe. Es, entonces, un mandato social criminalizar personas y paulatinamente negarles una condición digna de existencia.
Estos sucesos nos instan a pensar en las consecuencias cuando quien transgrede la vida de un ciudadano es el Estado y en lugar de presos políticos se trata ya de “reos de conciencia”. La pérdida de la libertad de pensamiento genera un estado de sometimiento e intimidación ejercido por miembros de las organizaciones burocráticas incluyendo las fuerzas armadas.
El escarnio público de un reo de conciencia consistiría en dejarlo a merced de quien vigila sus pensamientos e incluso aquello que sueña, en utilizar su diálogo interno como sustento de un discurso de odio que lo oprime y que, además, es un referente en campañas publicitarias y productos de empresas con una particular filiación política a nivel global.
Todos estos escenarios de transgresión nos remiten a visibilizar cómo la ausencia de neuroderechos sumerge a las personas en un estado de desprotección y propicia escenarios de impunidad para Estados totalitarios y empresas que buscan saciar el ansia insostenible de innovación y diferenciación en un mundo altamente competitivo y que sin escrúpulo alguno son capaces de lucrar con un nuevo tipo de esclavitud, “la neural”.
Por último, la transgresión neural es también el referente del ciberacoso. Este convierte la información de la mente de un ser humano en insumo intangible al alcance de cualquiera.
Este tema atañe a los dueños de las redes sociales porque son sus medios los receptáculos de discursos de odio hechos tendencia para torturar personas a partir de una violencia vicaria que opera impunemente como hostigamiento civil con códigos invisibles para sus protocolos de seguridad.
La perspectiva de género incluso en la arquitectura de estas redes sociales es una necesidad porque lo que se exhibe es la vida de mujeres y lo que se consume son mensajes sustentados en una violencia psicológica que, al no ser explícita, no puede ser sancionada. Sin embargo, estos mensajes convertidos en tendencia suman a la agresión y se asumen como la disección digital de una persona.
Basta con tener un sitio en una red social para que este hostigamiento opere a partir de las preferencias del usuario. Esas interacciones torcidas que una vez fueron intereses genuinos pueden ser portales a la disección biográfica de una persona. Este acto representa la epítome del sadismo porque lo que se juzga es el soliloquio de la mente a grados en que las personas más ignorantes podrían simplificación el significado de la palabra “congruencia” e inmolar a quien no realizara lo que piensa. Imagine usted el grado de violencia que tal perspectiva generaría en el mundo, la congruencia en todo caso es actuar bajo principios, pero, ¿qué pasaría si estos dejaran de existir en el plano social? ¿A qué grado de barbarie se podría llegar con este tipo de discurso de odio?
Nadie les explicó a los usuarios de estos medios que ser congruente es actuar conforme a principios y que incluso estos pueden cambiar a lo largo del tiempo. Nadie les aclaró que el ser humano utiliza su mente para conciliar sus conflictos y que aun cuando deseé hacer algo, sus metas y anhelos dependen de las posibilidades reales para lograr aquello que se propone.
El hackeo neural existe como reminiscencia inquisitorial que opera con nuevos instrumentos de tortura en pleno siglo XXI. Sigue siendo una venganza machista sustentada en la emasculación de los hombres, quienes pretenden vigilar un mandato moral que ha caducado y que, para ellos, no aplica, pues al parecer se consideran dueños de lo femenino. Por tanto, se trata de ideologías de ultraderecha, pues niegan a las mujeres el derecho al aborto, a la plenitud de una vida sexual, a la independencia y autonomía femenina. Quienes sostienen estos discursos desean verlas sometidas al dominio masculino y, en ese sentido y por tratarse de actos que las destruyen, constituyen prácticas feminicidas.
Es por este motivo que en países donde la corrupción, el machismo extremo y la misoginia se normalizan incluso en los medios de comunicación, las mujeres viven en una trampa, con miedo, y no importa si son trabajadoras ejemplares, ni si su profesionalismo permite cambiar escenarios de impunidad por una gestión productiva. Para los hombres solo son objetos y por ser mujeres su trabajo no vale y se descalifica cuando no consienten la sumisión a un poder arbitrario sustentado en ideologías misóginas.
Las prácticas de hostigamiento que recibe una mujer pueden catalogarse como “neomachismos” cuando son articuladas para quebrar su valía en instituciones corruptas, de ahí la importancia de generar procesos sistematizados que contribuyan a definir con claridad las actividades en el ámbito laboral y a deslindar el marco de responsabilidad entre colaboradores. A partir de estos parámetros de trabajo es posible reconocer carencias y mejoras.
Por otro lado, ante la ausencia de una estructura organizativa, las personas actúan de manera facciosa para preservar cotos de poder inamovibles. Este proceder deriva en organizaciones estancadas que eluden su responsabilidad ante procesos francamente obsoletos o viciados.
Resulta pavoroso que un Estado exhiba su participación en el sometimiento de mujeres, que les niegue derechos esenciales para una vida digna, que las someta al escarnio público y las confine al hogar emitiendo mensajes de burla como si fuera un feminicida enfermo. Es por añadidura un tipo de “pacto con el pueblo”, una manera de paliar las carencias de personas que no obtienen lo suficiente para vivir, y que, sin trabajo, dolidas, sometidas a la humillación y a una vida de tribulaciones, buscan que el otro sufra tanto o más que ellos. Pero de este proceder no se desprende nada sano.
Si quieres leer más de esta autora te dejamos aquí su último artículo: «Leyenda y bordado Yalalag, Oaxaca»
